BARRIO CUYAYA: LA PESADILLA ELÉCTRICA DE CARMEN TOLABA POR UN MEDIDOR «SECUESTRADO»
La Sra. Carmen Tolaba y otros dos vecinos del Barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy viven una verdadera pesadilla que se extiende por casi un año, enfrentando facturas de luz con consumos exorbitantes y la imposibilidad de acceder a sus propios medidores. El origen del conflicto radica en la intransigencia de una vecina que tiene «secuestrados» los medidores del edificio, impidiendo su lectura y llevando a EJESA a aplicar «consumos presuntos» que triplican el gasto para Tolaba y sus vecinos. Ellos esperan definiciones urgentes de los organismos pertinentes.
«Nosotros ya va a ser un año que venimos con este tema», relata Carmen Tolaba, visiblemente afectada. El problema se hizo evidente en junio de 2025 cuando su factura triplicó su consumo habitual. «Yo vivo sola, no tengo wifi, no tengo cable, no tengo heladera… es imposible que yo sola pueda tener un consumo de más de 330 kilowatt», explica, lamentando la pérdida de su tarifa social.
La situación escaló cuando descubrieron que la vecina de planta baja, en cuya propiedad se encuentran los medidores que abastecen a todo el edificio, les negaba sistemáticamente el acceso. A pesar de los intentos de diálogo, la respuesta siempre fue evasiva. «Nunca nos dejaron entrar», asegura Tolaba.
Ante la imposibilidad de realizar las lecturas, EJESA, amparada en su reglamento de suministro de energía eléctrica, aplica el «consumo presunto». Esto llevó a Carmen y sus vecinos a peregrinar por diversas instancias: «Fuimos a SUSEPU, a Derecho del Consumidor, Defensoría del Pueblo, mediación ciudadana, mediación municipal… volvimos a EJESA», enumera.
Fue en EJESA donde se reveló la clave del conflicto: «Nos damos con que esta señora tenía cortado el suministro de energía desde el año 2023», afirma Tolaba. Esta situación explicaría su negativa a permitir el acceso para lecturas y revisiones técnicas. La empresa de energía, por su parte, se encuentra imposibilitada de cumplir su servicio de lectura regular no por voluntad propia, sino por la barrera impuesta por la vecina. EJESA intentó realizar la revisión, pero la familia «no abre». Paradójicamente, la empresa «nos intimó a todos nosotros» por no permitir la lectura, insinuando que los demás vecinos habían puesto rejas e impedido el acceso, lo cual Carmen desmiente categóricamente: «No es así, es esta señora».
La única solución propuesta por EJESA es que los propietarios afectados reubiquen los medidores, pero con un costo íntegro a su cargo. «Tenemos que pagar nosotros el electricista, el material, pasar la inspección municipal, la inspección de EJESA», detalla Tolaba, explicando que al tener cables subterráneos, el gasto es aún mayor. «Yo que soy trabajadora informal, ¿de dónde voy a sacar esa plata si ya me cuesta pagar una factura que yo no consumo?», se pregunta angustiada.
Los intentos de diálogo con la vecina y sus hijos en mediaciones han sido infructuosos, marcados por «griterío» y una postura cerrada. «La señora está cerrada en que debemos sacar los medidores», lamenta Carmen.
Ante este panorama y el impacto económico y emocional, Carmen Tolaba ha decidido llevar el caso a instancias mayores. «Yo sí mandé carta documento, yo sí judicialicé el tema a través de la Defensoría de la Secretaría 8», reveló, buscando una solución legal a una situación insostenible. Sus vecinos, una mujer de 83 años con problemas de salud y otras personas mayores, no pueden enfrentar este «traqueteo», dejando a Carmen como la principal impulsora de la búsqueda de justicia. «Ahora digo, ¿qué puerta tengo que tocar o tengo que pagar eternamente lo que EJESA se le ocurra por culpa… de esta gente que no deja ver los medidores?», concluye.