ISJ: INCERTIDUMBRE CRÍTICA PARA AFILIADOS Y PRESTADORES EN JUJUY

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) se encuentra en el centro de un torbellino de declaraciones y contradicciones que mantienen en vilo a sus casi 190 mil afiliados y a los prestadores de salud de la provincia. Si bien el gobierno provincial ha manifestado haber «logrado estabilizar la situación», la realidad en las clínicas, consultorios y los bolsillos de los afiliados dibuja un panorama de profunda incertidumbre y creciente alarma.

La afirmación gubernamental de que la crisis del ISJ está bajo control choca de frente con la cruda realidad que denuncian tanto los profesionales de la salud como los usuarios. A pesar de los esfuerzos comunicacionales del ISJ por mostrar mejoras en su gestión y nuevos servicios, la tensión sigue escalando.

• PERSISTE LA AMENAZA DE CORTE DE SERVICIOS: La Cámara Jujeña de Empresas de Salud continúa advirtiendo sobre la inminente suspensión del crédito. La deuda que el ISJ mantiene con los prestadores de salud es un secreto a voces, con demoras en los pagos que se arrastran desde fines del año pasado. Esta situación, lejos de estar «estabilizada», mantiene a los profesionales al borde de una medida drástica que dejaría a los afiliados sin atención.
• LA DEUDA DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE, UN FANTASMA PRESENTE: A pesar de las declaraciones de «estabilización», la deuda con profesionales que atendieron en noviembre y diciembre sigue siendo un tema central. El diputado provincial Kevin Ballesty ha señalado la contradicción de una obra social que descuenta obligatoriamente el 4% del salario a sus afiliados, pero no tiene la liquidez para pagar a tiempo a quienes brindan los servicios.
• PAGARÉS PARA CIRUGÍAS: LA OBLIGACIÓN DISFRAZADA DE OPCIÓN: Un nuevo y preocupante detalle emerge en este escenario: desde algunos sanatorios, para garantizar el pago de una cirugía, se les está exigiendo a los pacientes firmar pagarés. Esta práctica genera una enorme presión sobre los afiliados, quienes se ven obligados a asegurar el costo de procedimientos vitales de forma extra-prestacional, a pesar de ser beneficiarios de la obra social. Esto evidencia la desconfianza de los prestadores en la capacidad de pago del ISJ y traslada la carga financiera y la incertidumbre directamente al paciente.
• CALIDAD DE ATENCIÓN: «MALÍSIMA» Y SIN RESPUESTAS CLARAS: La percepción generalizada entre los afiliados es de una «malísima» calidad de servicio. Demoras en autorizaciones, falta de cobertura para tratamientos esenciales y la escasez de especialistas en el interior de la provincia, sumado a los inaccesibles aranceles de las consultas particulares, son problemas que persisten y generan una profunda inquietud. Los constantes aumentos en cuotas y coseguros, que no se condicen con los ingresos de los afiliados, exacerban la frustración y la sensación de desprotección.

DUDAS SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS Y LA «CUENTA ÚNICA»

La incertidumbre se profundiza ante las dudas sobre la administración de los fondos del ISJ. Las denuncias de que la «plata de los afiliados no vuelve a los afiliados» son constantes, y el señalamiento del sistema de «cuenta única» –que permitiría al Ejecutivo disponer de los recursos de la obra social– alimenta la sospecha de una «malversación de fondos públicos» o una «mala administración» que ha llevado a esta crisis prolongada.

Gremios de estatales, como la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Jujuy (ATSA) y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), han expresado su profunda preocupación y la necesidad de auditar la situación financiera del ISJ. La declaración gubernamental de «situación estabilizada» no ha logrado disipar la sombra de duda sobre la sostenibilidad del servicio para los miles de trabajadores estatales que dependen del ISJ.

En este escenario de «dimes y diretes», la población jujeña, y en particular los 190 mil afiliados del ISJ, se encuentra en un estado de incertidumbre. La tranquilidad que buscan transmitir las autoridades contrasta fuertemente con la preocupación palpable en el día a día de quienes dependen del Instituto para su salud. La esperanza es que, más allá de las declaraciones, se encuentren soluciones definitivas que garanticen una atención digna y oportuna para todos los usuarios, especialmente para los trabajadores estatales que con sus aportes sostienen la obra social.