Tras el acuerdo con las prepagas en la Justicia, el Gobierno prevé anular la resolución que limitó las subas de cuotas

El Gobierno dejó la medida tutelar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia supeditada a la posible homologación del acuerdo con las prepagas en la Justicia.

Las acciones del Gobierno contra las prepagas avanzaban por dos carriles que parecen llegar a su final y los incrementos de cuotas volverían a quedar liberados a partir del mes próximo.

El primero de los caminos tuvo origen en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que trabaja bajo la órbita de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. El segundo comenzó con la presentación de un pedido de medida cautelar que realizó ante la Justicia la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según la última resolución oficial, el destino de los próximos aumentos de las cuotas de medicina privada está atado a la homologación judicial del acuerdo que alcanzaron las partes en la audiencia celebrada la semana pasada.

Un documento firmado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, indica que la medida tutelar que había dictado esa dependencia (una resolución que disponía cómo hacer los incrementos de cuotas hasta septiembre, aunque con alcance limitado en el mercado) se anulará cuando entre formalmente en vigencia lo pactado en la Justicia la semana pasada entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las prepagas.

En abril, en plena conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, había anunciado que el Gobierno obligaba a recalcular el precio de las cuotas a las prepagas con un techo de aumento, fijado por el índice de inflación. Esta medida, instrumentada por la mencionada resolución de Comercio, incluyó solamente a siete empresas de medicina privada.

En paralelo, la Superintendencia de Servicios de Salud acudió a la Justicia para pedir una medida cautelar que no solo limitara los aumentos de las cuotas, sino que también forzara la devolución del dinero excedente que las prepagas habrían cobrado por arriba de lo que marcaba la inflación.

Esta cautelar fue otorgada e impactó en 41 compañías como Osde, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint, entre otras. Lo que ocurra en el ámbito judicial pasó a tener un rol determinante.

Fuentes del Ministerio de Economía explicaron que “la baja de la tutela está supeditada a la homologación del acuerdo”. De esta manera, la última palabra en el enfrentamiento entre el Gobierno y las prepagas la tendrá el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N°3, donde tramita la cautelar de la Superintendencia de Servicios de Salud. De esta manera, el conflicto que enfrentó al Ejecutivo con las empresas de medicina privada, a las que el ministro de Economía, Luis Caputo, acusó de declararles una “guerra contra la clase media”, parece estar llegando a una resolución.

A partir de julio las entidades devolverán, en un plazo de 12 meses, lo cobrado entre enero y mayo en concepto de incremento que se haya excedido del índice de inflación de cada mes previo. Las 12 cuotas en las que se hará ese reintegro serán mensuales y consecutivas y se ajustarán según la tasa pasiva del Banco Nación. Para ese mismo mes se previó que las cuotas queden liberadas, mientras que la resolución de Comercio indicaba que hasta septiembre la subas no debían ir más allá de la inflación.

Además, el acta acordada contempla que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.