PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ADVIERTEN SOBRE FALENCIAS EN LA ESPECIFICIDAD LABORAL DE LOS PROFESORADOS DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Desde las instalaciones de la Legislatura provincial, la docente de Sociología Daniela Quispe expuso la creciente preocupación de los profesionales del sector ante la desnaturalización e imprecisión en las incumbencias de los títulos del Profesorado de Educación Secundaria en Sociología, así como del Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación.
La referente académica fundamentó la urgencia de establecer marcos regulatorios precisos que defiendan la especificidad de cada carrera en el ámbito pedagógico e institucional, evitando el solapamiento de perfiles profesionales en el sistema educativo medio y superior. A través de este planteamiento formal ante las autoridades parlamentarias, se busca garantizar la calidad de la enseñanza de las ciencias sociales en las aulas de la provincia y resguardar el legítimo campo ocupacional de los graduados que atraviesan una desvalorización técnica en los llamados a concurso de horas cátedra y cargos profesionales.
En el edificio de la Legislatura de la Provincia de Jujuy, referentes del ámbito educativo superior e intermedio visibilizaron una problemática estructural que afecta directamente la inserción laboral y el estatus pedagógico de los egresados de las ciencias sociales. En diálogo con la docente de Sociología Daniela Quispe, se detallaron los ejes del reclamo técnico que fue acercado a los legisladores locales en busca de un abordaje normativo urgente.
El núcleo del debate radica en la pérdida de especificidad de las carreras del Profesorado de Educación Secundaria en Sociología, en articulación con el Profesorado y la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Según explicaron los afectados, las actuales disposiciones administrativas y las grillas de clasificación de títulos han desdibujado las fronteras de competencia de cada trayecto académico, permitiendo que perfiles con formaciones disímiles compitan de manera indistinta por los mismos espacios curriculares, lo que desmedra el abordaje científico riguroso de las asignaturas en los establecimientos secundarios.
Ante este escenario de desregulación profesional, la docente Quispe remarcó ante los medios la necesidad de que el Poder Legislativo y el Ministerio de Educación provincial unifiquen criterios para readecuar las normativas vigentes. Las demandas de los profesionales apuntan a delimitar con precisión técnica las competencias específicas para el dictado de las ciencias sociales, asegurando que cada asignatura sea impartida por especialistas formados estrictamente en esa disciplina, optimizando de este modo la calidad del sistema educativo y protegiendo los derechos laborales de los graduados de las instituciones jujeñas.