DENUNCIA JUDICIAL EN JUJUY: EL ABOGADO HERNÁN PALOMARES ACUSA A JUEZA MONTES DE ABUSO DE AUTORIDAD Y CUESTIONA EL ACCIONAR DEL PRESIDENTE DE LA CORTE

El abogado Hernán Palomares pide que la justicia jujeña sea investigada al denunciar públicamente a la jueza Montes por abuso de autoridad y, de manera crucial, al Presidente de la Corte Suprema, el doctor Federico Otaola, por incumplimiento de sus deberes. En diálogo con ZETA TV, Palomares revela la escalada de un conflicto que comenzó en 2024 con la denuncia hacia la jueza.

El origen de la controversia se remonta a una audiencia laboral donde Palomares, representando a la parte empleadora, intentó que se hiciera efectivo un apercibimiento contra la parte trabajadora por no presentar un documento original clave. Según su relato, la jueza Montes ignoró su pedido. Fue entonces cuando, ante su negativa a firmar un documento que no reflejaba lo acontecido en la audiencia y no respetaba sus planteos, y con la presencia de una secretaria como testigo, la jueza le espetó «Acá se hace lo que yo quiero». Palomares calificó esta frase como un «gritoneo» y un claro «abuso de autoridad», inaceptable para un magistrado.

En septiembre de 2024, Palomares presentó una extensa denuncia de once páginas ante el Presidente de la Corte Suprema pidiendo intervención e invocando al Jury de Enjuiciamiento contra la jueza Montes.

¿QUÉ ES EL JURY DE ENJUICIAMIENTO?
El Jurado de Enjuiciamiento, o «Jury», es un organismo legal diseñado para investigar y, eventualmente, remover de su cargo a jueces y funcionarios judiciales que incurran en mal desempeño, delitos o faltas graves. Su objetivo es garantizar la idoneidad y el correcto actuar de los magistrados, actuando como un mecanismo de control externo al poder judicial.

Sin embargo, al no recibir respuesta, en febrero de este año (2026), volvió a enviar una nota solicitando la revisión de su caso. Fue entonces cuando el Presidente de la Corte Suprema, el doctor Federico Otaola, le respondió con una «hojita» de solo tres renglones que, según Palomares, era incomprensible y desestimaba su caso sin seguir los procedimientos formales, como la conformación de una comisión investigadora.

Ante esta situación, Palomares ha elevado su reclamo a la Legislatura provincial, presentando una nueva nota para que se investigue tanto a la jueza Montes como a Otaola. Al Presidente de la Corte, se le imputa precisamente «no cumplir con lo que le corresponde en su cargo» al haber omitido los pasos obligatorios en el tratamiento de la denuncia original. El abogado destaca que fue el Vicegobernador Alberto Bernis quien, ante su pedido, envió la denuncia a la comisión investigadora, realizando el procedimiento que, según Palomares, «debió haber hecho Otaola».

Palomares confiesa sentir miedo y persecución ante las posibles represalias, ya que «vivir de ser abogado» lo expone si las sentencias no son favorables a él o a sus clientes. «Me estoy metiendo en contra de una corporación poderosa», reconoce. A pesar de haber solicitado al Colegio de Abogados que lo acompañara en sus denuncias en varias ocasiones, nunca recibió respuesta. Esta falta de apoyo se da en un contexto de recientes elecciones en el Colegio de Abogados, donde la mayoría de las seis listas presentadas tenían como eje principal la transparencia y la institucionalidad para los profesionales de la ley.

«Esta es mi única salida», afirmó Palomares, agradeciendo a los medios por la posibilidad de visibilizar su caso, lo que considera su única protección. «Aunque muchos colegas me enviaron mensajes de apoyo en privado, no se atreven a realizar una denuncia formal, lo que me convierte en uno de los primeros, si no el único, abogado en Jujuy en dar este paso». Concluyó, enviando un claro mensaje de que espera que esta denuncia no tenga consecuencias negativas para su carrera o su persona, pero sin arrepentirse de haber sido valiente.

El caso del abogado Hernán Palomares, expuesto desde los estudios de ZETA TV, pone de manifiesto la tensión entre la autonomía judicial y la necesidad de un control efectivo sobre la conducta de algunos los magistrados, generando un debate sobre la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los profesionales del derecho en el ejercicio de su labor.