Créditos de Anses, la decisión que tomó hoy el Gobierno para trabajadores y jubilados
Un decreto eliminó la posibilidad de usar recursos del fondo de garantía para préstamos personales; en campaña electoral, la gestión anterior habilitó operaciones con tasas subsidiadas incluso para empleados de altos ingresos; según el organismo, hay una morosidad de 26%; cuánto se prestó en total
El decreto 1039, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica la ley jubilatoria y establece que ya no puede utilizarse el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el otorgamiento de préstamos personales. Según los considerandos de la nueva normativa, las operaciones de ese tipo concretadas por la gestión anterior generaron “un perjuicio evidente a la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”, dado que el costo financiero era significativamente inferior a la inflación.
La tasa nominal anual del financiamiento fue, en el caso de los asalariados, de 50% anual, con un costo total de 53,26%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor del Indec avanzó un 211,4% en 2023 y ya había sido de 94,8% en 2022. Esa brecha implica una descapitalización del FGS.
Por aquel programa con tinte electoral, entre septiembre y diciembre del año pasado se dieron 744.681 préstamos por un total de $438.348 millones ($588.630 en promedio, por operación) a trabajadores bajo relación de dependencia, según datos aportados a LA NACION por la Anses. Según el director ejecutivo del organismo, Mariano de los Heros, hoy la tasa de morosidad de esos créditos “ronda el 26%”. Y un informe oficial indica que al 31 de octubre último el stock de esas deudas era de $345.500 millones.
El 2 de enero de este año, antes de que se cumpliera un mes de la llegada a la presidencia de Javier Milei, una resolución suspendió “transitoriamente” el otorgamiento de créditos con dinero del FGS, tanto a jubilados como a trabajadores en actividad. Eso luego no fue modificado, por lo que este año no se otorgaron ayudas financieras. La novedad de hoy es que directamente se establece, a través de un DNU, la derogación de la parte de la ley 24.241 (la ley de jubilaciones del régimen general nacional) que habilitaba esas operaciones.
En rigor, el inciso del artículo 74 de la ley previsional que permitió esos créditos había sido modificado también por decreto (el 463), en septiembre de 2023. Desde 2011 (por el decreto 246 de aquel año) regía la posibilidad de que con dinero del FGS se otorgaran créditos a jubilados y pensionados del SIPA. Y en 2017, el decreto 516 había habilitado darles financiamiento a titulares de prestaciones no incluidas en el sistema previsional integrado. El decreto de septiembre del año pasado sumó como posibles beneficiarios a trabajadores activos. En la misma normativa se dispuso asignar a ese destino hasta $450.000 millones.