Argentina se hunde en el fracaso de la lucha anticorrupción
Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza a continuación los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por la ONG Transparencia Internacional.
El índice, que se dio a conocer el día de hoy, analiza las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público en 180 países.
“Argentina se hunde en el fracaso de la lucha anticorrupción y culmina el 2023 con otro aplazo, retrocediendo un punto más en su score (37/100) respecto del 2022, a la vez que retrocede 4 lugares en el ranking global de Transparencia Internacional (TI) pasando del puesto 94° al 98° entre 180 países, compartiendo puntaje con Albania, Bielorrusia, Etiopía, Gambia y Zambia”, sostiene Bermolén.
“Argentina sigue sin contar con una política pública anticorrupción eficaz y eficiente, dando evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color político de turno y las órdenes emanadas por el poder ejecutivo. Es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales -incluso- llegan a destiempo”.
“Las tendencias para el gobierno de Javier Milei imponen duras advertencias ante el creciente número de funcionarios que podrían estar violando con su designación -y su actuación- la ley de 25.188 de ética pública. Algunos de ellos con causas judiciales pendientes, o procedencia directa desde el sector privado a desempeñar funciones dentro del estado como titulares de empresas contratantes en las mismas áreas, o integrando organismos de control o regulación”.
“La pluralidad de los posibles conflictos de intereses (reales, potenciales o aparentes) impone la necesidad de contar con una Oficina Anticorrupción autónoma y equidistante del poder, que actúe e investigue de oficio -y no sólo frente a las denuncias- y que emita dictámenes urgentes para evitar el peligro de negociados en el poder. La intención del actual Ministro de Justicia de eliminar las potestades para querellar a la Oficina Anticorrupción propuestas en la ley ómnibus, es un llamado de atención, más allá de habérselas restablecido -a pedido de la oposición- en el dictamen consensuado de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», próximo a debatirse en sesiones extraordinarias”.