PERITO AMBIENTAL ALERTA SOBRE MODIFICACIÓN DE LEY DE GLACIARES; DESTACA SU FUNCIÓN VITAL PARA EL PAÍS
En diálogo con Zeta TV, previo a la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639), sancionada en 2010, el perito ambiental Néstor Ruiz detalló la importancia de estos ecosistemas para Argentina y cuestionó los puntos más sensibles de la propuesta en discusión. Esta norma, que declaró a los glaciares y ambientes periglaciares como bienes públicos y reservas estratégicas de agua, fue un hito en la legislación ambiental argentina y un precedente internacional en medio de la crisis climática.
Al ser consultado sobre la función vital de los glaciares en el ecosistema, Ruiz explicó: «Los glaciares almacenan agua en estado sólido en la cumbre de los cerros con alta pureza, y por su movimiento liberan agua los 365 días del año. Esto es vital para las poblaciones de provincias con ambientes semidesérticos y desérticos como la Puna». La ley busca además proteger la biodiversidad, preservar fuentes de información científica y valorarlos como atractivos turísticos, prohibiendo actividades como la exploración minera, la instalación de industrias y la liberación de contaminantes.
En cuanto a los puntos más sensibles de la modificación planteada, el especialista alertó: «El inventario de glaciares fue realizado por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), organismo con facultades para aplicar la ley y reconocido científicamente a nivel mundial. Poner en riesgo ese conocimiento y dejar en manos de un funcionario público la decisión de qué es un glaciar o un ambiente periglacial es una locura que no condice con el avance de la ciencia». Agregó que «los funcionarios son pasajeros, pero todos necesitamos el agua que estos ecosistemas nos brindan para vivir».
El proyecto de reforma, que ya obtuvo aprobación en el Senado recientemente y ahora se debate en la Cámara de Diputados, propone reducir el alcance de protección a aquellas formaciones con función hidrológica demostrada, integrar la supervisión del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) con organismos de gobierno y ampliar la autonomía provincial en la delimitación de áreas. Se ha señalado que la iniciativa busca corregir falencias de la normativa vigente, ya que el registro nacional nunca se completó del todo, generando dificultades para proyectos de inversión. Sin embargo, organizaciones ambientales y la comunidad científica alertan que cualquier cambio que habilite actividades extractivas en zonas protegidas implicaría un retroceso grave para la seguridad hídrica del país.
Respecto a la importancia de la participación de voces técnicas y peritos ambientales en el proceso, Ruiz destacó: «Los legisladores deben tener acceso a información científica de primera mano para poder valorar realmente las condiciones y los servicios ambientales que prestan los ambientes glaciares y periglaciales». Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó la constitucionalidad de la ley original, estableciendo que los derechos colectivos como el acceso al agua tienen prioridad sobre intereses individuales.