EL CELULAR SECUESTRADO DEL CONTRATISTA: LA CLAVE QUE SIGUE SIN ABRIRSE Y PUEDE DEFINIR EL CASO ADORNI

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se sigue al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró un punto crítico que mantiene a la Justicia en vilo: aún no lograron acceder al contenido del teléfono del contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por las refacciones de la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, sin emitir facturas.

El aparato es un iPhone 15 que el empresario entregó voluntariamente cuando declaró bajo juramento, donde contó todos los detalles de los trabajos y la forma de pago. Lo que buscan los investigadores son mensajes, audios y archivos eliminados que intercambió con Adorni antes y durante la testimonial: creen que en esas comunicaciones puede haber indicios de coordinación, acuerdos o intentos de modificar lo que diría ante los tribunales.

Primero intentaron analizarlo en la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), pero las limitaciones técnicas impidieron el acceso. Por eso, hace pocos días se derivó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, el equipo especializado en recuperar datos de dispositivos digitales. Allí trabajarán un perito designado por la fiscalía y otro por la defensa de Adorni, que solicitó participar formalmente del procedimiento.

Lo que más preocupa a los jueces es que las conversaciones se hicieron con herramientas que borran los mensajes solos después de un tiempo, y hubo audios que se autodestruyen al ser escuchados. El contratista ya contó que Adorni se comunicó con él para recomendarle que se contactara con abogados de su entorno antes de declarar; por eso, lo que quede guardado en ese teléfono puede ser la prueba definitiva para saber si hubo arreglos o estrategias conjuntas para cambiar la versión de los hechos.

Las tareas continúan en curso y los informes esperados en los próximos días podrían despejar la duda más grande de la causa. Mientras tanto, la investigación avanza con el levantamiento del secreto bancario y financiero del funcionario, y el análisis de otras operaciones que no coinciden con sus ingresos declarados.

 
FUENTES

• Juzgado Federal N°2 a cargo del juez Ariel Lijo y Fiscalía Federal N°8, a cargo de Gerardo Pollicita
• Informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y DATIP