CONTRADICCIÓN GUBERNAMENTAL: DE LA ELIMINACIÓN ANUNCIADA A UNA LIQUIDACIÓN MILLONARIA PARA EL PLAN «VOLVER AL TRABAJO»
Pese a los anuncios de Pettovello de suprimir el programa, Capital Humano destina más de $72 mil millones a un beneficio que alcanza a casi un millón de personas, tras una orden judicial.
A pesar de los recientes anuncios de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la eliminación y reemplazo del programa “Volver al Trabajo”, una resolución conjunta firmada este 28 de abril de 2026 por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dispuso una millonaria liquidación para el mencionado programa.
La Resolución N° 2026-317-APN-STEYSS#MCH aprueba una liquidación de $72.384.624.000 destinada al Programa «Volver al Trabajo» para el mes de abril de 2026. Este cuantioso monto, que deberá ser librado a través del Banco de la Nación Argentina, se imputa a las «Ayudas Sociales a Personas» y será transferido directamente a los CBU de sus beneficiarios.
Esta disposición oficial se produce en un contexto de fuerte controversia, ya que el Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Pettovello, había comunicado el cierre del “Volver al Trabajo” para ser sustituido por un sistema de “vouchers para capacitación”. La decisión generó una acción de amparo colectivo por parte de beneficiarios, que llevó al Juzgado Federal de Campana a dictar una medida cautelar ordenando al Gobierno mantener las prestaciones económicas del programa hasta que se dicte una sentencia definitiva.
El Programa “Volver al Trabajo” fue creado por decreto en 2024 para sustituir al anterior «Potenciar Trabajo», con el objetivo de fomentar la inserción laboral mediante capacitación sociolaboral. El plan tiene un alcance significativo, llegando a casi un millón de personas en todo el país, y originalmente, la intención del Ministerio de Capital Humano era discontinuarlo tras 24 meses desde su implementación.
La liquidación de este importante desembolso muestra una continuidad operativa del plan social en medio de la indefinición judicial y la estrategia de reconfiguración de la política social impulsada por el gobierno. La situación plantea interrogantes sobre la implementación a futuro de la política social, la efectividad de las medidas judiciales y el destino de los miles de beneficiarios de este programa clave.