Condenaron a un pastor evangélico a 15 años de prisión por abuso sexual
Dante Reynaldo Gómez fue hallado responsable por graves hechos contra dos jóvenes de El Carmen, que al momento de los episodios, eran menores de edad.
El pastor evangélico de la ciudad de El Carmen, Dante Reynaldo Gómez, fue condenado a la pena de 15 años de prisión, tras la lectura de la parte dispositiva del fallo dictado por el tribunal que intervino en la causa.
El acusado había sido declarado penalmente responsable en una audiencia previa, quedando pendiente únicamente la determinación de la pena.
Gómez fue condenado por los delitos de “Abuso Sexual con Acceso Carnal agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido (varios hechos) y Abuso Sexual Simple agravado por ser cometido por un ministro de un culto reconocido, en concurso real”, en perjuicio de menores de edad.
De acuerdo a lo que se pudo establecer durante el juicio oral, los hechos ocurrieron cuando las víctimas eran menores y asistían a la iglesia evangélica que el condenado encabezaba en la ciudad de El Carmen. La acusación sostuvo que el pastor se aprovechó de su rol de líder religioso y de la relación de confianza y autoridad que mantenía con las víctimas para cometer los abusos.
Durante el debate se incorporaron diversas pruebas, entre ellas testimonios, pericias psicológicas y declaraciones tomadas en Cámara Gesell, que resultaron determinantes para acreditar los hechos y la responsabilidad penal del acusado.
La causa generó una fuerte conmoción en la comunidad, no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino también por la condición del imputado como ministro de un culto reconocido, circunstancia que fue considerada un agravante clave al momento de dictar sentencia.
Con la imposición de la pena, la Justicia dio por concluida una etapa central del proceso, aunque la defensa del condenado aún cuenta con la posibilidad de interponer recursos ante instancias superiores, por lo que la sentencia no se encuentra firme.
El fallo representa un paso relevante en el juzgamiento de delitos contra la integridad sexual, especialmente aquellos cometidos contra menores de edad y por personas que ocupan roles de autoridad y confianza dentro de la comunidad.