CIERRE DEL S.I.S.S.U: SECTORES POPULARES DENUNCIAN RETROCESO EN POLÍTICAS SOCIALES
El cierre del Sistema Integral de Servicios Sociales Urbanos (S.I.S.S.U) –programa nacional de atención a necesidades básicas en áreas urbanas– genera preocupación en sectores populares de Jujuy, que alertan sobre la paralización de obras y la falta de garantías para un 60% de trabajadores informales del país.
Juan Angelo, referente de la Mesa de Barrios Populares de Jujuy, manifestó su rechazo al desmantelamiento del S.I.S.S.U durante una concentración en la Plaza Belgrano. «Estamos solicitando la reconsideración del cierre de este instrumento que ha sido clave para los barrios populares en todo el país», afirmó.
Según el referente, la medida afecta directamente a 300 trabajadores y trabajadoras del programa en la provincia, cuyos puestos de trabajo se encuentran en riesgo. Además, advirtió que obras en curso de infraestructura básica –incluyendo cloacas, electrificación y servicios públicos– quedarán sin finalizar, afectando a comunidades con alta demanda habitacional.
La iniciativa de protesta cuenta con el acompañamiento de cooperativistas, vecinos y espacios políticos, y se enmarca en un plan de lucha nacional que tiene antecedentes desde 2019. «Lamentamos que en un contexto donde la presencia estatal es más necesaria que nunca, se priorice el corte de presupuestos en lugar de dar soluciones urgentes», destacó Juan Angelo.
«EL PODER ADQUISITIVO NO DA ABASTO Y CRECE LA INDIGENCIA»
En relación al desempeño del gobierno nacional y sus anuncios de ajustes, el referente señaló que espacios sociales y cooperativas que ejecutan trabajos comunitarios en barrios –como comedores populares y dispositivos de atención a personas en situación de calle o con problemas de consumo– coinciden en que «el poder adquisitivo del salario no cubre las necesidades básicas».
«Hubo una expectativa en la población que confió en un modelo que no responde a la urgencia. Si bien se plantea la eliminación de la pobreza, los datos muestran un crecimiento de la indigencia. Es necesario exigir a la clase política soluciones concretas para el alimento y los servicios básicos», agregó.
Juan Angelo alertó sobre las consecuencias de la ausencia estatal: «Si se cierran estos dispositivos barriales, aumentará la influencia de estructuras ilícitas, con impacto directo en juventudes y niñez. La sociedad se ve afectada en su base cuando el estado no cumple con su rol».
60% DE TRABAJADORES SIN BENEFICIOS MÍNIMOS
Respecto a la poca participación ciudadana en manifestaciones sobre la reforma laboral, el referente explicó que la población se encuentra enfocada en la supervivencia diaria antes que en entender los puntos de la propuesta normativa. «Lo que vemos es un retroceso para la clase trabajadora, y es difícil explicar detalles técnicos cuando la gente se pregunta qué va a comer mañana o cómo va a pagar los servicios», dijo.
«Hablamos de un universo de un 60% de trabajadores informales o en negro en Argentina, que no conocen beneficios como aguinaldo o obras sociales. No cuentan con el piso mínimo de garantías que debería corresponder a cualquier trabajador», enfatizó Juan Angelo.
«Seguiremos en lucha porque todos queremos un país mejor, que contenga a toda la población. La dignidad no se negocia», concluyó el referente.
Anahí Irahola ZETA-TV