Reforma de la Ley de Salud Mental: el Gobierno avanza con un nuevo proyecto que redefine el modelo de atención
El Gobierno nacional enviará en los próximos días al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. La iniciativa, actualmente en elaboración en el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, propone una serie de modificaciones orientadas a actualizar el marco normativo, con foco en intervenciones más rápidas, redefinición de criterios diagnósticos y una revisión integral del modelo de atención.
Según fuentes oficiales, el objetivo es “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger tanto a los pacientes como a terceros frente a situaciones que hoy no encuentran un encuadre adecuado”. El anuncio se da, además, en un contexto político marcado por cuestionamientos al oficialismo, en lo que se interpreta como un intento por retomar la agenda de gestión.
Un cambio de enfoque: del “padecimiento” al riesgo concreto
Uno de los ejes centrales del proyecto es la redefinición de los criterios diagnósticos y de intervención. En ese sentido, se propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental”, considerado ambiguo por el oficialismo, por una clasificación basada en estándares internacionales.
La reforma adoptará la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus actualizaciones), incorporando la categoría de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión clínica.
En paralelo, también se modifica el criterio de intervención. A diferencia del enfoque actual, se priorizará la evaluación de la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Desde el Ejecutivo sostienen que este cambio permitirá habilitar intervenciones más oportunas y preventivas.
Internaciones: más herramientas para actuar en situaciones críticas
El proyecto introduce cambios significativos en el régimen de internaciones. Aunque se mantiene el principio de que la internación debe ser un recurso excepcional, se amplía el margen para su aplicación en contextos de urgencia.
En estos casos, un médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Asimismo, se extiende de 10 a 24 horas el plazo para la notificación judicial.
Otro punto relevante es que, en situaciones de internación voluntaria, si el paciente solicita el alta pero se considera que su capacidad está afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria con intervención de la Justicia.
Estas modificaciones responden a reclamos de familiares, profesionales de la salud y actores del ámbito judicial, quienes vienen señalando dificultades para intervenir ante situaciones de riesgo bajo la normativa vigente.
El modelo de atención, bajo revisión
La iniciativa también pone en discusión el modelo de atención promovido por la ley actual, que impulsa el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos en favor de su integración en hospitales generales.
El nuevo proyecto advierte que este esquema “no siempre resulta viable”, debido a limitaciones en infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que, según el Gobierno, evidencia la necesidad de mantener la internación especializada en determinados casos.
En este marco, se propone fortalecer una red de atención en salud mental organizada por niveles de complejidad, que contemple hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, abordajes comunitarios y residencias asistidas.
Desigualdad territorial y cambios en la supervisión
El diagnóstico oficial también señala una aplicación desigual de la ley vigente en el país. Solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa, lo que genera diferencias significativas en el acceso a la atención.
Además, persisten brechas en la capacidad instalada: 18 provincias cuentan con hospitales generales que ofrecen servicios de salud mental, mientras que 20 disponen de camas de internación, lo que profundiza las asimetrías regionales.
Frente a este escenario, el proyecto contempla el fortalecimiento de los sistemas de información, como el Registro Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (RESAM) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES).
También se prevé ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas con el objetivo de mejorar los mecanismos de control y supervisión.
Un debate que vuelve al centro de la escena
La iniciativa retoma una agenda que el Gobierno ya había anticipado a fines de 2025 y abre un nuevo frente de debate en el Congreso. En el centro de la discusión estará el equilibrio entre la protección de derechos, la capacidad de intervención del Estado y la eficacia del sistema de atención frente a situaciones críticas en salud mental.