Rechazado en Jujuy, aplicado en Salta: el NARCOTEST para funcionarios que el oficialismo no quiso debatir
En septiembre de 2025, el diputado Martín Fellner presentó ante la Legislatura de la Provincia el proyecto de ley denominado “NARCOTEST”, que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La iniciativa busca fortalecer la transparencia institucional, la ética pública y la confianza ciudadana, incorporando una herramienta concreta de control que ya funciona en San Luis y Neuquén, y ahora también en la vecina provincia de Salta.
Sin embargo, el oficialismo jujeño se negó a tratar el proyecto, impidiendo su debate y su eventual aprobación, pese a la alta demanda social existente en torno a mayores estándares de integridad y control en la función pública.
En un hecho que no pasó desapercibido, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció recientemente la implementación del narcotest obligatorio mediante un DNU estableciendo un sistema prácticamente idéntico al propuesto en Jujuy.
“Celebramos que se avance en este tipo de medidas, pero no podemos dejar de señalar que esta política pública fue presentada formalmente en Jujuy hace ya mucho tiempo y el oficialismo decidió no debatirla”, expresó Fellner.
El proyecto NARCOTEST establece controles toxicológicos obligatorios, periódicos y aleatorios, con procedimientos técnicos claros, garantías de confidencialidad, mecanismos de contraprueba, y consecuencias administrativas ante resultados positivos, todo bajo estándares médicos y legales estrictos.
“Los exámenes toxicológicos son una herramienta seria para cuidar al Estado, a los funcionarios responsables y, sobre todo, a la sociedad”, agregó.
Finalmente, Fellner sostuvo que “las buenas ideas no tienen fronteras, pero sí autores”, y ratificó la necesidad de que la Legislatura de Jujuy retome el tratamiento del proyecto, para poner a la provincia a la altura de los estándares más exigentes en materia de ética pública, transparencia y control institucional.