¿Qué hay detrás del desalojo de una comunidad kolla en Guerrero?
José María Albizo Cazón, referente de la Coalición Cívica, dio detalles del caso que sigue generando indignación en Jujuy.
El 15 de octubre pasado desalojaron con violencia a un grupo de familias indígenas de una comunidad kolla que ocupaban un territorio ancestral que constaba de dos hectáreas, en las cercanías del pueblo de Guerrero.
Cabe resaltar que el desalojo se produce en el marco de una orden emitida por la Justicia jujeña. A la violencia presentada durante el desalojo, con detenciones arbitrarias y el despojo absoluto de sus posesiones y animales, se sumó una intimación por disponer del cementerio ancestral que se encuentra dentro del territorio.
La comunidad de Guerrero obtuvo la personería jurídica que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2008, afirmó Cazón, no obstante ésta fue derogada por un decreto del exgobernador Gerardo Morales en febrero de 2021. El organismo nacional también había aprobado la carpeta técnica con la cartografía del territorio de ocupación actual, tradicional y público. Detrás del desalojo, como denunciantes, está la familia Quevedo Carrillo, familia de Guillermo Jenefes, ex vice gobernador y además parte del poder político y empresarial de nuestra provincia.
Durante el desalojo los efectivos policiales de la provincia ingresaron al territorio comunitario para desalojar a las familias por orden de la jueza jujeña Lis Valdecantos Bernal, del juzgado 7° de Primera Nominación en lo Civil y Comercia, quien tendría vinculación con Jenefes.
Desde el análisis de Albizo Cazón no hay justicia para las comunidades indígenas en Jujuy, ya que esta comunidad presentó todos sus papeles para defender su territorio, como las Carpetas de relevamiento territorial del RETECI, y todo esto fue ignorado por la Jueza Valdecantos Bernal.
En el desalojo producido recientemente golpearon y forcejearon a mujeres, hombres y lo más violento se llevaron a una abuela de casi cien años. Se cuestiona la decisión de la jueza Liz Valdecantos Bernal, ya que nuevamente su sentencia se direcciona a favor de los poderosos y empresarios, personas vinculadas al poder político provincial.
El referente del ARI manifestó que lo que está sucediendo con este desalojo cuenta con vicios procesales, por cuanto no se podría haber ejecutado esta sentencia que fue “ordenada” por el Dr. Guillermo Jenefes. De todas maneras la comunidad de Guerrero cuenta con la carpeta técnica (RETECI) elaborada por un equipo multidisciplinario que da fe de su posesión real en estas tierras, real e histórica.
Cuando Albizo Cazón se apersono en el lugar el día del desalojo se encontró con un bloqueo de un cordón policial que obstaculizaba el ingreso de la representación técnico legal de la comunidad Aborigen de Guerrero. Sus dos letrados eran impedidos de ingresar al predio y luego tuvieron que peticionar que se pueda expresar quién es el jefe del operativo, lo cual se les niega la respuesta. Ante la reiteración de la pregunta se les niega por segunda vez, y ante la tercera vez ya se les expresa que quien se hallaba a cargo no era un jefe de operativo circunstancial situado a los efectos, sino el jefe de la provincia de Jujuy, que es el comisario Javier Tejerina.
Luego de 15 minutos se garantiza el ingreso de la representación técnico legal, pero con bloqueo en el segundo portón. Una vez buscado el jefe de la policía, recién se les garantiza el ingreso del segundo portón, llega a hallarnos a la puerta de lo que es el ingreso a la construcción de la comunidad, que en fotografía es una construcción básica, una construcción que no es opulenta, que no es una construcción que pudiésemos decir es para algún otro fin, más que para la habitacional de una comunidad que se dedica al ganado, que hoy peligra por cuanto sólo está por retirar.