La batalla por el presupuesto Nacional: “El Deber ser y el Ser”
El proceso presupuestario nacional está formalmente definido por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. Marca el camino que la ley establece para la aprobación del Presupuesto:
- Poder Ejecutivo: Formula el proyecto de ley con base en la estimación de recursos y gastos.
- Plazo de Presentación: El Ejecutivo debe presentar el proyecto de ley ante el Congreso Nacional antes del 15 de septiembre de cada año.
- Tratamiento Legislativo: El proyecto ingresa a la Cámara de Diputados, se discute en comisión, se debate y se vota. Luego, pasa al Senado para su revisión y eventual sanción.
- Vigencia: Una vez aprobado por ambas cámaras y promulgado por el Ejecutivo, el Presupuesto se convierte en ley y rige a partir del 1° de enero del año fiscal.
En la práctica, lo que ha ocurrido en los últimos dos años se ha alejado de este marco legal. La falta de consenso político en el Congreso ha llevado a una situación excepcional:
- Presupuesto 2024: El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley, pero el Congreso no lo aprobó. Ante esta situación, el Gobierno prorrogó por decreto el Presupuesto 2023 para el año 2024, ajustándolo a través de decisiones administrativas. “Decretos”
- Presupuesto 2025: Se repitió la misma situación. El proyecto fue presentado, pero nunca tratado en comisión. Por lo tanto, se ha vuelto a prorrogar el Presupuesto 2023.
Esta falta de discusión legislativa es una de las mayores crisis de la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Gobierno Nacional administra las finanzas del Estado sin una hoja de ruta actualizada y validada por el parlamento.
En las últimas horas y frente a una derrota electoral, vetos y posibles cambios en su gabinete, el gobierno dejo entrever la presentación del Presupuesto 2026. Enmarcado en un contexto de profunda tensión política y dudas del rumbo económico. Aunque el Poder Ejecutivo cumpliría con el plazo legal de presentación, su aprobación es incierta y su análisis revela dos puntos clave: la debilidad legislativa no solo porque no cuenta con la mayoría en el congreso sino por la falta de voluntad de consenso, el gobierno nacional no busca el dialogo como herramienta de construcción. Y la Pugna de Poderes: La reconducción del Presupuesto 2023 para los años 2024 y 2025 le ha dado al Gobierno la potestad de administrar los gastos discrecionalmente, sin la fiscalización directa del Legislativo. ¿Es posible consolidar un modelo económico sostenible sin la aprobación del congreso? ¿Hay trasparencia en estos actos? ….
Lic. Analia Tolaba