Cuáles son los puntos salientes de la reforma laboral

Mientras la CGT anunciaba un paro para el 9 de mayo, se conocía la letra chica del texto, que de sancionarse afectaría los intereses del sector gremial. El texto busca, entre otros ítems, reducir la litigiosidad, eliminar las «contribuciones de solidaridad» y limitar la huelga en Educación

En la recta final al inicio del debate de la Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, el oficialismo anunció que le sumará una reforma laboral impulsado por la UCR. El borrador se conoció ayer y tiene algunos puntos en común con el DNU 70/23 de Javier Milei. 

A comienzos de enero, cuando el mega DNU de Javier Milei tenía menos de una semana de vigencia, la Cámara Nacional del Trabajo suspendió la reforma laboral. En su momento, la inclusión del tema en el texto llamó la atención de las fuerzas dialoguistas representadas en el Congreso. Desde la decisión de la Justicia, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO envió tres proyectos plasmando lo frenado por la justicia. La UCR, con Martín Tetaz y Carolina Losada a la cabeza, presentaron un proyecto de ley «espejo» con todo el contenido del DNU, incluyendo el capítulo fiscal. Pero el oficialismo no acusó recibo. Jamás impulsó sus tratamientos.

En la previa al envío de la nueva versión de la Ley bases, el gobierno y la UCR iniciaron conversaciones para sumar en el texto un capítulo de reforma laboral. Esas conversaciones ayer quedaron cristalizadas en la visita de los diputados Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay; además de su secretario Parlamentario, Alejandro Cacace. También estuvieron los senadores Pablo Blanco y Eduardo Vischi. 

En concreto, propone actualizar la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y hasta cinco empleados. En otras palabras, el empleado que cobra un salario mínimo no paga las contribuciones. A medida que aumenta su sueldo, el empleados paga sobre el excedente.

Este ítem apuesta a fomentar el empleo registrado en las pequeñas empresas. «Aplica hasta cinco empleados, por lo que le cambia la vida a las mipymes», explicaron desde la UCR.

Otro punto saliente es el que busca reducir «enormemente» la litigiosidad. A grandes rasgos, el proyecto radical deroga los artículos y leyes que «complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad», incluyendo aspectos de la ley N° 24.013, ley N° 25.013, ley N° 25.323, entre otras, y reduce de manera sustancial las multas laborales.

«Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización», explicaron desde el partido centenario. Allí hay una diferencia con el DNU de Javier Milei que, directamente, eliminaba las multas laborales.

Para ponerlo en números: si un empresario no registra a un trabajador, que tenía un ingreso de $ 500.000 mensuales, su empleador debería pagar cerca de $ 5.5 millones de indemnización. De sancionarse esta reforma, el empresario debería abonarle $ 1,5 millones.

¿Cómo es el cálculo actual?

Se paga un mes de salario por año ($ 500.000), otro salario a modo de preaviso ($ 500.000). El resto, es decir, los $ 4,5 millones que recibiría el trabajador no registrado quedarían reemplazados por otro año trabajado (en este caso, $ 500.000).

Otra reforma que plantea el proyecto de la UCR es extender de tres a seis meses el período de prueba. En el DNU de Milei ese período de llevaba a ocho meses.

Un ítem extra del proyecto es que incluye protección contra el despido por discriminación. En concreto, agravaba hasta un 100% la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio, ya sea de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.

El texto que impulsa el espacio centenario también incluye mecanismos sustitutivos de indemnización. Por un lado, al igual que el DNU 70, habilita que, por convenio colectivo, se pueda establecer un fondo de cese laboral a cargo del empleador, que implica un aporte de hasta 8% de la remuneración. Es decir, un modelo similar al de la Uocra.

La novedad es que el proyecto de la UCR incluye, además, la posibilidad de que las empresas sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización. Según estudios a los que consultaron los radicales durante la elaboración del proyecto, la primera sería del 3%, es decir, más baja que el fondo de cese laboral.

Dos puntos de la reforma laboral pondrán en alerta a los gremios. Por un lado, la iniciativa incluye un ítem que elimina las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos, que se conocen bajo el nombre de «contribuciones de solidaridad». Pero que, como señalan en la UCR, no es solidario sino más bien compulsivo. Los radicales reconocen que este punto generará repercusiones en el mundo gremial: parte de su financiamiento proviene de esa contribución. Por último, la reforma apunta a declarar a la educación como servicio estratégico esencial.

De esta manera, el proyecto busca un equilibrio entre el derecho a la educación y a la huelga. 

Por un lado, la iniciativa establece que, más allá de que se lleve adelante un paro, los establecimientos educativos deben permanecer abiertos así como también se deben garantizar todos los servicios de alimentación.

Pero además, plantea que se debe garantizar que en los días de huelga en esos establecimientos haya personal docente y no docente, cuyo volumen deberá incrementarse conforme se prolongue la medida de fuerza.

En concreto, plantea que si el paro dura un día, a las escuelas debe asistir un 30% del personal (docente y no docente); si el paro dura dos días, ese porcentaje se eleva al 50%. Y, si se prolonga a 5, debería llegar al 75%. Es decir, conforme pasan los días, la medida pierde impacto.