Convocaron a una audiencia pública por las tarifas de las empresas transportadoras de energía eléctrica
El gobierno argentino ha convocado a una audiencia pública para el próximo 25 de febrero de 2025, a las 8:30 de la mañana, con el fin de discutir las propuestas tarifarias presentadas por las empresas de transporte de energía eléctrica a nivel nacional.
Esta audiencia se llevará a cabo de manera virtual, a través de una plataforma digital que permitirá la participación remota de ciudadanos y representantes de organizaciones. Además, se ofrecerá una transmisión en vivo para asegurar la transparencia y el acceso público a la discusión.
Esta convocatoria se enmarca dentro del proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2029, un proceso crucial para determinar las tarifas del sector eléctrico durante los próximos cinco años. La RQT no solo revisará las tarifas propuestas por empresas como Transener, sino que también establecerá parámetros clave para la calidad del servicio, incluyendo penalizaciones por incumplimiento de los estándares establecidos. Asimismo, se definirán los planes de inversión necesarios para modernizar y mejorar la infraestructura del sistema de transporte de energía eléctrica, así como los ingresos que las compañías recibirán para financiar dichos planes.
Se espera una activa participación ciudadana. La resolución que convoca a la audiencia pública detalla que las personas podrán participar con intervenciones orales de 5 minutos, mientras que los representantes de organizaciones y entidades tendrán 10 minutos para exponer sus argumentos y propuestas. Se recomienda a los participantes presentar previamente un resumen de su exposición, junto con cualquier documentación o informe relevante en formato PDF.
Este proceso de revisión tarifaria se da en un contexto de readecuación tarifaria luego de un período de congelamiento de precios. El gobierno busca un equilibrio entre la necesidad de asegurar la rentabilidad de las empresas de transporte de energía eléctrica para garantizar la inversión y el mantenimiento de la infraestructura, y la protección del poder adquisitivo de los consumidores. Por ello, se ha establecido como objetivo mantener los aumentos de tarifas para los usuarios finales por debajo del 10% anual, con la posibilidad de fraccionar estos aumentos en cuotas mensuales para mitigar su impacto. Esta política se aplicará tanto al sector eléctrico como al del gas natural.