CONFLICTO INSTITUCIONAL EN LA QUIACA: CONCEJALES ELECTOS DENUNCIAN IMPEDIMENTOS PARA ASUMIR SUS BANCAS Y ADVIERTEN SOBRE CORRUPCIÓN
Tras haber ganado las elecciones, dos concejales del espacio opositor aseguran que no pueden asumir por maniobras políticas, denuncian desobediencia judicial y advierten sobre posibles hechos de corrupción en el Concejo Deliberante.
La concejal electa Marcela López denunció públicamente una grave situación institucional en La Quiaca, donde, pese a haber resultado ganadora en las elecciones del pasado 11 de Mayo, aún no ha podido asumir su banca.
Según explicó, ella y su compañero Gustavo Farfán, representantes del Movimiento Único Independiente —un partido municipal— obtuvieron dos de las tres bancas en juego dentro del Concejo Deliberante. Sin embargo, desde antes de la fecha de asunción, comenzaron a surgir obstáculos.
“Desde el 28 de noviembre empezaron a aparecer causas en nuestra contra que nos impidieron asumir el 10 de Diciembre”, relató López. A partir de allí, el conflicto escaló a instancias judiciales.
La edil aseguró que la Justicia dictó una medida cautelar que le permitía asumir el pasado 6 de marzo. No obstante, denunció que hasta el día de hoy no se ha cumplido esa resolución. “Hay una desobediencia judicial constante: no hay quórum, faltan concejales o el intendente, y así evitan que pueda asumir”, explicó.
Respecto a las acusaciones en su contra, López indicó que se basan en una resolución interna del Concejo que la señala por “inhabilidad moral”, con denuncias como supuesta sustracción de documentación o cobro de doble sueldo. Sin embargo, afirmó que todas estas acusaciones fueron desestimadas por el Ministerio Público de la Acusación.
“Cuando fui a asumir, me cerraron la puerta con la policía y no me dejaron ingresar, pese a tener la documentación que acreditaba que no tenía causas”, sostuvo.
En ese sentido, la concejal electa apuntó directamente contra cuatro ediles oficialistas, a quienes vinculó con el intendente Dante Aníbal Velázquez, acusándolos de bloquear su asunción por motivos políticos.
Además, denunció irregularidades dentro del funcionamiento del Concejo Deliberante, como sesiones realizadas “de manera oculta” y la aprobación de ordenanzas sin conocimiento público.
López también puso el foco en la falta de control sobre el Ejecutivo municipal. “No hay pedidos de informe al intendente y no se conoce el estado de las arcas municipales”, señaló, al tiempo que advirtió sobre presuntas irregularidades en el cobro de multas a comerciantes y transportistas.
“Se cobran multas millonarias sin actas. ¿Dónde va a parar ese dinero?”, cuestionó, y aseguró que toda esta información será presentada ante la Justicia.
En paralelo, remarcó que ya realizó denuncias penales y que tiene una audiencia prevista para el próximo 7 de abril, aunque reconoció que los tiempos judiciales no son inmediatos.
La concejal también se refirió al impacto personal de la situación: “Es desgastante, pero tengo el acompañamiento de mi familia y de la gente”. Asimismo, denunció haber sufrido ataques y violencia en redes sociales, aunque indicó que esas situaciones no fueron consideradas delito por la Justicia.
Finalmente, López fue contundente: “No les tengo miedo. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias y responsabilizo a los concejales y al intendente por lo que pueda pasar”.
El caso abre un fuerte interrogante institucional en la ciudad fronteriza: qué ocurre cuando una banca ganada en las urnas no puede ser ocupada.