ANÁLISIS DE FRANCISCO LAMAS: JUJUY 2026, GASTO PÚBLICO DISPARADO Y FAMILIAS EN CRISIS SIN MARGEN SALARIAL
El licenciado en economía Francisco Lamas realizó un exhaustivo análisis del Presupuesto 2026 de la provincia de Jujuy, revelando que el gasto público total proyectado superará a la inflación esperada. Esta tendencia genera interrogantes sobre la política fiscal, especialmente en un contexto donde no se avizora espacio para mejoras salariales significativas y la situación económica de las familias muestra un preocupante deterioro.
Según Lamas, al investigar el Esquema Ahorro, Inversión y Financiamiento (AIF) para 2026, se observa que el gasto total de la provincia crecerá un 33,9%. Este porcentaje es significativamente superior a la inflación proyectada por las diez principales consultoras, que se estima en un 26,1% para el mismo período. «El gasto público va a superar a la inflación. Sí, el Estado crece en lugar de hacer una especie de recorte de algún tipo, es un crecimiento del gasto público», señaló Lamas. Aunque el gasto no corriente (inversión) crece más que el corriente, lo ideal, según el economista, sería que el gasto corriente se igualara a la inflación para reducir el peso del Estado sin necesidad de recortes drásticos. «Que crezca por encima de la inflación, en mi opinión, no es lo ideal», sentenció.
En este escenario, Lamas fue contundente respecto a la posibilidad de un «salariazo»: «Imposible, sin subir impuestos… no hay lugar para un salariazo ni nada por el estilo.» Explicó que si bien se podría recomponer el gasto total y dar más peso a los salarios dentro del gasto corriente (recortando en ítems menores como «café y todo eso»), el margen es mínimo, ya que los salarios representan cerca del 80% del gasto corriente provincial.
La dicotomía entre el superávit provincial y la realidad económica de los ciudadanos es palpable. «Tenemos superávit, pero no podemos pagar el cable, no puedo pagar el Netflix para ver la serie. Las dos cosas son verdad, no son realidades incompatibles», graficó Lamas. Señaló que los empleados del sector público han visto un fuerte empeoramiento de sus sueldos, que están un 37% abajo en términos ajustados por inflación desde 2017. «El que se queje de su salario tiene razón», afirmó, destacando que los salarios actuales son peores que hace una década.
Un punto de alarma clave se centra en la situación financiera de las familias. Lamas advirtió sobre informes de tarjetas de crédito saturadas y entidades anunciando un 40% a 70% de imposibilidad de pago. «Las familias son las que no pueden pagar y son las que más se endeudaron en los últimos dos años… para mantener un cierto nivel de vida, ya que les cayó enormemente el ingreso», explicó. Esta realidad contrasta fuertemente con un récord de patentamiento de 0km y un uso masivo de tarjetas en supermercados, evidenciando «dos sociedades diferentes».
En el ámbito empresarial, la situación también es dispar: mientras 3 a 5 sectores crecen a «tasas chinas», otros 6 están «rotos en el piso», como gran parte de la industria que existía solo por proteccionismo o la construcción, afectada por la falta de obra pública y un crédito hipotecario insuficiente para estimularla.
En contraste con la situación nacional, donde el gobierno alcanzó un superávit fiscal a través de recortes en el gasto no corriente, la provincia de Jujuy ya mantenía un equilibrio fiscal desde 2023, lo que implicó que no fueran necesarios recortes tan drásticos.
La realidad de Jujuy: informalidad, poca productividad y el desafío de la infraestructura
Lamas profundizó en la compleja realidad provincial, señalando que Jujuy es una provincia poco productiva, cuyo presupuesto se sostiene en gran medida por las coparticipaciones nacionales, recibiendo más de lo que aporta a la recaudación total. «Aceptar eso es aceptar que tenemos una provincia poco productiva. Si el tamaño del sector privado de Jujuy es chico», sostuvo.
Otro problema fundamental es la alta informalidad laboral, con más de la mitad de la economía jujeña operando en negro. Esta informalidad, además de ser sinónimo de pobreza, reduce drásticamente la capacidad recaudatoria del Estado y, paradójicamente, contribuye a impuestos más altos para quienes sí están en blanco.
Para revertir esta situación, el economista propone un plan de acción contundente:
1. Atacar la informalidad: Necesidad de recaudar más para, a largo plazo, poder bajar impuestos.
2. Desregulación: Eliminar trabas burocráticas y no impositivas para estimular el crecimiento del sector privado.
3. Reducir el peso del Estado: Esto no implica despidos masivos, sino reemplazar empleo público por empleo privado de mayor calidad, a medida que el personal estatal se jubile o se retire.
4. Priorizar el gasto de capital: Invertir en infraestructura, ya que el sector privado la necesita para crecer y el Estado tiene la responsabilidad de proveerla.
5. Congelar el gasto corriente: Mientras se impulsa la inversión, el gasto corriente debería mantenerse para permitir que los sueldos del personal estatal idóneo mejoren, entendiendo que hay una restricción de recursos.
Lamas concluyó que dar un giro a esta situación, especialmente en lo que respecta a los salarios, llevará «10 años como poco, como poquísimo». Es un tema de crecimiento y proyección a largo plazo, no de ajustes inmediatos, todo esto mientras se gestiona una deuda que «está bastante fuertecita».