EL PROTOCOLO “PREGUNTÁ POR ÁNGELA”: LA HISTORIA DE LA HERRAMIENTA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO QUE BUSCA EXPANDIRSE EN EL PAÍS
La iniciativa de prevención contra la violencia de género y situaciones de vulnerabilidad en la nocturnidad nació en el Reino Unido y se replicó en diversas provincias argentinas mediante marcos legislativos y municipales, impulsando el debate sobre su adopción en distintos puntos del territorio nacional.
Originado en 2016 en el condado de Lincolnshire, Inglaterra, bajo el nombre de «Ask for Angela» —impulsado por una campaña de seguridad local inspirada en el trágico caso de una joven asesinada—, el protocolo se convirtió rápidamente en un estándar internacional de prevención en bares, boliches y espacios de esparcimiento nocturno. La herramienta fue diseñada para ofrecer un mecanismo de asistencia discreto, seguro y sin exposición pública: cuando una persona se siente acosada, amenazada o en una situación incómoda durante una cita o salida, puede acercarse a la barra o a cualquier empleado del establecimiento y pronunciar la frase clave «Preguntá por Ángela». Este código activa de manera automática un protocolo interno donde el personal resguarda a la persona, la aparta a un espacio seguro y articula la asistencia con allegados, transporte confiable o las fuerzas de seguridad y salud, según la gravedad del caso.
En la República Argentina, el sistema comenzó a implementarse de forma progresiva a lo largo de los años en diferentes distritos a través de ordenanzas municipales y proyectos legislativos provinciales impulsados por distintos bloques y colectivos sociales, logrando adhesión en ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras jurisdicciones que obligan o recomiendan su aplicación en locales gastronómicos y de entretenimiento nocturno. En cuanto al escenario local en Jujuy, aunque diversas agrupaciones y sectores vienen impulsando la discusión en la agenda pública para replicar modelos normativos similares en los centros de esparcimiento de la capital y el interior, el protocolo continúa siendo objeto de análisis legislativo y de campañas de concientización para lograr su implementación formal y coordinada con los organismos de protección provincial.