LA BRECHA DE GÉNERO SE PROFUNDIZA POR EL COSTO DE LA HIGIENE FEMENINA
La carga impositiva del 21% y los sobreprecios comerciales sobre los productos de primera necesidad impactan de lleno en la economía de más de 12 millones de personas en el país, acentuando la desigualdad de ingresos en los sectores más vulnerables.
En la Argentina, las dificultades económicas vinculadas a la gestión biológica mensual afectan de manera directa la calidad de vida y el desarrollo laboral de las personas menstruantes en los principales centros urbanos y sectores informales del territorio nacional. La falta de acceso equitativo a insumos básicos se manifiesta cotidianamente en el ausentismo escolar y las barreras financieras que enfrentan quienes deben gestionar su ciclo. Esta situación se agrava al constatar la predominancia casi absoluta de los insumos de un solo uso en el mercado local frente a opciones reutilizables.
Esta problemática combina factores tributarios y de mercado que erosionan directamente el poder adquisitivo. Al ser considerados bienes de consumo general y no artículos de salud primaria, estos insumos tributan la alícuota plena del Impuesto al Valor Agregado, a lo que se suma un sobreprecio de góndola que oscila entre el 10% y el 15% por la sola segmentación de género. La baja penetración de alternativas sustentables responde en gran parte a barreras de inversión inicial y a la falta de infraestructura de agua potable en los barrios más postergados.
El escenario actual de consumo en el país refleja que entre el 70% y el 80% de las personas menstruantes utiliza toallitas descartables, mientras que el uso de tampones se ubica entre el 15% y el 25%. Las opciones reutilizables —como la copa menstrual, las toallitas de tela y las bombachas absorbentes— apenas alcanzan a cubrir entre el 10% y el 15% de las preferencias habituales, a pesar del ahorro económico que representan a largo plazo.
A lo largo de su vida fértil, cada persona menstruante utiliza en promedio entre 10.000 y 12.000 unidades de productos desechables. Este consumo masivo genera un impacto ambiental de enorme magnitud, acumulando entre 13.000 y 130.000 toneladas anuales de residuos no biodegradables en basurales y rellenos sanitarios de todo el país. Al estar compuestos en hasta un 90% por plásticos y aditivos sintéticos, estos elementos tardan entre 300 y 500 años en descomponerse, fragmentándose en microplásticos contaminantes.
Frente a esta coyuntura, diversas organizaciones sociales y legisladores impulsan iniciativas para eximir de impuestos a la canasta básica de higiene y garantizar la distribución gratuita de productos en establecimientos educativos y sanitarios. Neutralizar el impacto impositivo, frenar los sobrecostos comerciales y fomentar el acceso a alternativas ecológicas resultan medidas indispensables para mitigar la brecha distributiva y garantizar un estándar mínimo de salud pública en todo el territorio nacional.