ALBERTO LOYARTE: “LA CERTEZA JURÍDICA HARÁ CRECER LA OFERTA Y BAJARÁ LOS ALQUILERES”
El profesional inmobiliario con trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires analizó el impacto de las modificaciones normativas, la evolución del mercado y los beneficios esperados con la aprobación final de la ley.
En diálogo con Zeta TV, Alberto Loyarte detalló el cambio radical que se produjo tras la entrada en vigencia del DNU 70/23: “El 29 de diciembre había alrededor de 500 propiedades publicadas; al día siguiente pasaron a ser unas 7.000, y hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 18.000 disponibles. La norma anterior generó tanto temor que muchos retiraron sus inmuebles; ahora, al permitirse acuerdos entre partes, volvió la oferta y los inquilinos pueden elegir según su conveniencia”.
Advirtió que el endeudamiento familiar sigue siendo un obstáculo: “Antes la inflación licuaba las cuotas rápidamente; hoy los sueldos no avanzan y muchas familias pagan créditos tomados a tasas de hasta el 100%, muy por encima del valor normal del 50%. Además hay contradicciones oficiales: dicen que los temas son entre privados, pero el Banco Nación es el principal oferente de refinanciaciones”.
Sobre el proyecto de ley que agiliza los desalojos, explicó que la figura no es nueva, pero nunca se aplicó con efectividad: “Ya contempla 60 días de impago y 10 días para regularizar, pero los trámites se eternizan. Mientras tanto, el propietario sigue pagando impuestos y expensas sin recibir ingresos, lo que genera desconfianza y hace que miles de inmuebles queden desocupados”.
Si se aprueba y se garantiza su cumplimiento, estimó que se incorporaría entre un 20% y un 30% más de propiedades al mercado: “Esto es pura oferta y demanda: más unidades disponibles harán que los valores bajen. El beneficio central es la certeza: si ambas partes saben que el contrato se cumple, los dueños se animan a poner sus inmuebles a disposición”.
Remarcó también el rol de mediación de los corredores: “Cuando hay un problema puntual, buscamos acuerdos, pero nadie puede perjudicar a un tercero. La ley debe garantizar que el incumplimiento no quede impune, porque los contratos existen para ser cumplidos”.